Muchos interrogantes y expectación entre pymes y autónomos después de que el Senado diera luz verde la pasada semana a la Ley de Emprendedores y su Internacionalización, introduciendo algunas modificaciones al texto original.
La norma deberá pasar ahora por el Congreso de los Diputados – y está previsto que llegue este jueves 19 de septiembre- que será el que dé el visto bueno definitivo para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado y su entrada en vigor.
La nueva ley incluye la tarifa plana de 50 euros para autónomos mayores de 30 años. Algo que se espera como ‘agua de mayo’ entre los profesionales porque permitirá que en los seis primeros meses de alta, el autónomo pague una cotización de 50 euros al mes, en los seis meses siguientes será de 125 euros y en los seis meses posteriores de 175 euros.
Se habla, y mucho, de la medida y se espera que la norma pueda dar “un empujoncito” a la hora de tomar la decisión de darse de alta como autónomo.
No es que se considere suficiente, no hay que confundir términos, pero sí que se han generado ciertas expectativas, aunque también muchas dudas, no sólo por lo tardío de la medida sino porque algunos piensan que el dinero, aunque se apruebe, a veces no termina de llegar a tiempo para los proyectos emprendedores. Incluso hay quien afirma que las ayudas “ya habrán quedado anticuadas cuando lleguen”.
Eso sí, parece haber un consenso generalizado en que para emprender no hay edad pero sí muchas oportunidades.
Las otras cuestiones importantes de la nueva ley
Entre los cambios que han propiciado los distintos grupos políticos al debatir la ley se encuentra una enmienda que afecta a los autónomos canarios: La que presentó Coalición Canaria y que permitirá aplicar el régimen especial de IVA de caja al Impuesto General Indirecto Canario para paliar los problemas de liquidez y de acceso al crédito de las empresas.
Hay que recordar, además, que el 1 de enero entrará en vigor la norma por la cual los emprendedores no tendrán que pagar IVA hasta que hayan cobrado la factura correspondiente.
En el tintero de esta Ley de Emprendedores se ha quedado resolver el problema de la financiación. Distintas organizaciones de autónomos han criticado que este aspecto no haya sido abordado en la norma de manera más contundente y que, por ejemplo, no se haya aprobado una línea específica del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Tampoco la ley ha resuelto bien la responsabilidad limitada del emprendedor que queda reducida a la vivienda habitual hasta 300.000 euros y no se aplicará ni a las deudas con las administraciones públicas ni con los bancos.
En cualquier caso habrá que esperar a la publicación de la ley en el BOE y la evolución o aplicación de todo su contenido para conocer su auténtico alcance y si beneficia o no a pymes y autónomos.