Las pymes y los autónomos ya no necesitarán estar inscritos en un registro previo, en el que pueda comprobarse que están al tanto de sus pagos, para poder acceder a los concursos públicos que contrate cualquier administración, según acaba de anunciar el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aunque seguirá siendo obligatorio para los contratos de obra.
El Gobierno va a introducir este cambio en la normativa a través de una enmienda a la Ley de Factura Electrónica que permitirá a pymes y autónomos concurrir a concursos con tal sólo cumplir el pliego de condiciones y sin estar sometidas a tener una clasificación, según exigía hasta ahora la Ley de Contratos del Estado.
¿Por qué este cambio? Pues porque la burocracia para las empresas en nuestro país – hace unos días supimos que España está a la cola en las facilidades para poner en marcha un negocio– sigue siendo un problema. Y es que, en la práctica, obtener el certificado que avale capacidad financiera suficiente para optar a un concurso público puede llevarle a la pyme o al autónomo hasta seis meses. ¡Una eternidad!
Cambios en los plazos
El anuncio del Gobierno afecta también a otras cuestiones relacionadas con los concursos públicos.
Hasta ahora, en las licitaciones de servicios públicos se tenían en cuenta los contratos obtenidos por la empresa que opta al concurso en los últimos tres años y en un plazo de cinco años si se trataba de una obra.
Esos plazos se duplicarán y pasarán de tres a cinco años en el primer caso y de cinco a diez años en el segundo. También puntuará la experiencia en el extranjero, incluso aunque la empresa española desarrolle su actividad fuera con una filial local.
La medida puede generar ciertas dudas, teniendo en cuenta que las administraciones públicas no son, precisamente, las mejores ‘pagadoras’. Montoro ponía la venda antes de la herida asegurando que el objetivo es que las pymes puedan convertirse en «proveedores de las diferentes administraciones del Estado con la seguridad de cobro que dan las leyes de factura electrónica y de deuda comercial».