Esta semana ha entrado en vigor la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, con la que se pretende simplificar los trámites administrativos y la solicitud de licencias para operar en diferentes Comunidades Autónomas, sin tener que adaptarse a cada una de las normas autonómicas o locales, algo que, hasta ahora complicaba y mucho la puesta en marcha de la empresa.
Las empresas que estén operando en varios territorios se acogerán a la norma que exista en aquella región en la que tengan su domicilio social o sede administrativa, aunque el llamado ‘pasaporte único’ no será aplicable a las aseguradoras, los fondos de pensiones, las cooperativas de crédito, los establecimientos farmacéuticos, el transporte de ferrocarril o las licencias municipales como por ejemplo las que se conceden a los taxistas.
En lo que se refiere a las empresas que actualmente ya operan en más de una comunidad autónoma, la ley permitirá que puedan elegir qué legislación de origen adoptan.
El objetivo es, según el Gobierno, ayudar a mejorar la competitividad empresarial -de hecho el Gobierno espera que se eleve en 1,52 puntos el PIB en los próximos diez años– basándose en el principio de que con una única licencia, se podrán comercializar los productos en toda España evitando las 17 distintas regulaciones autonómicas que existen.
Para buscar la colaboración entre Autonomías se crea, además, el Consejo Nacional de Unidad de Mercado. Entre sus objetivos, buscar la cooperación entre administraciones públicas para que, por ejemplo, no se exijan requisitos diferentes a la hora de participar en un concurso público.
Además, se incluye en la ley una disposición adicional para que la plataforma de contratación del sector público incluya las licitaciones de todas las administraciones, con el objetivo de que todo el mundo pueda conocer las necesidades de contratación de cualquier administración.
Finalmente, la ley facilita que los ciudadanos puedan poner de manifiesto la quiebra de la unidad de mercado si así fuera, de manera que cualquier persona podrá acudir a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), que podrá incluso iniciar un proceso contencioso administrativo.