El nuevo Plan de Pago a Proveedores abre la esperanza a que, de una vez por todas, las administraciones públicas empiecen a pagar a 30 días, de acuerdo a lo que, en teoría que no en la práctica, establecen la Ley de Morosidad y la Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA al menos así lo cree y confía en que la última fase del nuevo plan de pago a proveedores “sirva para que las Administraciones Públicas logren poner el contador a cero “ y paguen conforme a los plazos que marca la ley.
Y es que, dice el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que “la morosidad se ha convertido en la responsable del cierre de una de cada cuatro empresas en nuestro país”.
Esta organización valora de una forma muy especial que el Gobierno tenga la intención de poner en marcha un mecanismo mediante el cual, en caso de incumplimiento de pago de alguna Administración con un proveedor, sea el propio Estado el que garantice el pago, ya que se trata de una de las principales reivindicaciones de la organización.
Para Lorenzo Amor, embajador de la CE para la vigilancia de la morosidad en España, “La morosidad pública es una lacra que viven los autónomos y los ciudadanos, es una causa de destrucción de empleo y cierre de empresas, hay que tener tolerancia cero".
ATA considera que el Plan de Pago a Proveedores, que se encuentra ahora en su última fase ha sido una importante inyección de liquidez para más de 150.000 autónomos y pymes que son los que se beneficiaron en las dos fases anteriores, al poder cobrar más de cinco millones y medio de facturas y con un importe de 28.500 millones de euros
Los plazos de esta última fase son los siguientes:
- Las Comunidades Autónomas tienen de plazo hasta el próximo 23 de octubre para introducir la relación inicial de facturas que tienen pendientes de pago con todos los proveedores hasta el 31 de mayo de 2013.
- Desde el 29 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2013, los proveedores podrán consultar esta relación y aceptar, en su caso, el pago de la deuda a través de este mecanismo.
- Aquellos proveedores no incluidos en la relación inicial, podrán solicitar hasta el 15 de noviembre de 2013 a la CCAA deudora la emisión de un certificado individual de reconocimiento de la existencia de obligaciones pendientes de pago. La solicitud de este certificado implica la aceptación del proveedor en los términos señalados en el apartado anterior.
- Finalmente, los pagos a los proveedores comenzarán el próximo diciembre.
Madrid dejará pasar el Plan de Pago a Proveedores
Por cierto, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaba esta semana que la administración regional no se adhiera a la última fase del Plan de Pago a Proveedores impulsado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, según comentaba el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio.
La Comunidad de Madrid dice que pagará las deudas pendientes con sus proveedores en el mes de noviembre. Una deuda que asciende a casi 700 millones de euros pero, pese a la cifra, el Ejecutivo madrileño dice contar con “una gran solvencia” y que los bancos están "muy interesados" en hacer operaciones financieras con la administración regional, con "precios y plazos muy buenos".
Foto: http://www.freedigitalphotos.net
El pasado viernes fue aprobado por el Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Fomento a la Financiación Empresarial. Tras casi ya más de seis años de ausencia de financiación, el Gobierno ha decidido poner en marcha una serie de medidas con el objetivo de mejorar los canales de financiación y el acceso al crédito de las Pymes.
Una de las medidas que recoge el Proyecto de Ley es la obligación que tendrán las entidades crediticias de avisar con tres meses de antelación a aquellas Pymes que vean cancelada o mermada su financiación en un 35 % o más.
Además, junto a l preaviso la Pyme tendrá el derecho a obtener de la entidad bancaria información sobre su posición financiera, historial de pagos, extracto y calificación crediticia, atendiéndose en un plazo máximo de diez días hábiles y de forma totalmente gratuita.
Las pymes también tendrán el derecho de solicitar estos informes en cualquier momento y la entidad deberá responder en un plazo de quince días y a un coste reducido.
Esperamos que una vez se lleve a cabo esta medida cumpla con su objetivo de mejorar la financiación de las Pymes.
Foto: http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/
