Tal y como os contamos la semana pasada, con el nuevo sistema de pago a proveedores se abonarán las facturas que las Administraciones Locales tienen pendientes de pago a fecha 31 de diciembre de 2011.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha prometido que saldará todas las deudas de los proveedores con las administraciones públicas. Pero, como en todas las leyes, detrás de este anuncio esperanzador hay mucha letra pequeña, que se oculta bajo el discurso y las informaciones de los medios de comunicación, y que es importante considerar para no hacernos falsas esperanzas.
Para lograr que los proveedores cobren, Montoro, en colaboración con el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha impulsado una macrooperación financiera con los grandes bancos para acabar con la morosidad de las administraciones públicas.
El Gobierno moviliza 35.000 millones para acabar con la morosidad pública. Miles de empresarios tienen depositadas todas sus esperanzas en el plan para capear la recesión.
Sin embargo, lanzar una medida de este calibre genera grandes dificultades en las cuentas de las administraciones públicas y muchas dudas a los acreedores. La Federación de Municipios y Provincias (Femp) ya ha elaborado una guía con preguntas y respuestas prácticas para aclarar a los alcaldes todos los detalles del plan de proveedores a sus asociados. Las patronales empresariales también están alertando de los diversos problemas que se encontrarán las pymes que sufren el lastre de la morosidad.
– ¿Cómo se inicia el procedimiento para cobrar las facturas en el cajón de los municipios y de las regiones?
Los alcaldes presentaron al Gobierno antes del 15 de marzo una lista con los proveedores a los que deben dinero. Las comunidades aún tienen tiempo para hacerlo hasta el próximo 15 de abril. A partir de que el Gobierno disponga de estos datos, los propios acreedores tendrán el derecho a reclamar a los ayuntamientos cuánto dinero les deben. Podrán consultar si sus facturas se han incluido en el plan de pago a los proveedores y, si estas no se han incorporado, podrán pedir una reclamación. Contarán con un plazo de un mes.
– ¿Cómo tiene que reclamar un proveedor si un ayuntamiento o una comunidad no le ha incluido en la lista de proveedores?
Aunque el Gobierno les haya incluido en la lista, es importante saber que el proveedor tiene que manifestar su voluntad de cobrar, indicando cuál es el número de cuenta corriente en el que quiere que se pague la deuda. Los acreedores que no consten en lista oficial podrán solicitar a la entidad local deudora la emisión de un certificado individual, que le ayudará a cobrar las deudas en las entidades financieras más importantes del país.
Los consistorios tendrán que expedir el certificado individual en un plazo de 15 días. Si no, los proveedores se acogerán al silencio positivo. Es decir, si pasado este plazo los acreedores no tienen respuesta, se entenderá reconocido el derecho de cobro de manera automática.
– ¿Por qué los alcaldes sólo han reconocido 9.500 millones de facturas pendientes, cuando la propia Federación de Municipios y el Gobierno calculaban que había 17.000 millones pendientes?
Los alcaldes se están acogiendo a la letra pequeña del plan para no reconocer todas las facturas. ¿La razón? Las administraciones que se acojan a la macrooperación tienen la obligación de presentar un plan de reequilibrio muy drástico que deje claro que pagarán los préstamos que haga la banca. Esto significa, en la práctica, que los alcaldes intentarán reconocer las mínimas facturas posibles para no tener que eliminar burocracia ni asumir duros planes de ajuste.
De hecho, hay municipios como el de Jerez o como Peleas de Abajo, el pueblo más endeudado de España, que tendrán muy difícil devolver las deudas en los 10 años que fija el plan de proveedores. No se cobrarán las facturas que no estén recogidas en la Ley de Contratos. Los ayuntamientos de País Vasco y Navarra, con fuero propio, tampoco participarán en la macrooperación.
– ¿Cuáles son las diferencias entre el plan de pago a proveedores para comunidades y para ayuntamientos?
De entrada, las comunidades no están obligadas a acogerse al plan para pagar a los proveedores. En segundo lugar, hay diferencia en los plazos. El plan de proveedores de las comunidades se puso en marcha con un mes de retraso. Si el 1 de mayo los proveedores de los ayuntamientos empezarán a cobrar, los de las comunidades (entre los que se encuentran las farmacias y los laboratorios) tendrán que esperar, previsiblemente hasta comienzos de junio. Además, en el caso de las comunidades, se incluirán también los conciertos en materia educativa, sanitaria y de servicios sociales.
– ¿Todos los proveedores se pueden acoger al plan de pago del Gobierno?
No. Se beneficiarán las deudas vencidas, líquidas y exigibles;las facturas que hayan tenido entrada en el registro administrativo de la entidad local antes del 1 de enero de 2012, y las deudas que se deriven de contratos administrativos de obras, servicios o suministros. Además, se excluirán las deudas entre administraciones, ya que el plan está pensado para impulsar al sector privado.
– ¿Cómo se enterará el Ministerio de las nuevas facturas que se incluyan en el pago a proveedores?
Los primeros cinco días de cada mes, cada entidad local tendrán que comunicar al Ministerio de Hacienda los certificados individuales que haya expedido para agilizar el mecanismo de pago. En último término, el Ministerio de Hacienda remitirá al Instituto de Crédito Oficial (ICO) la relación de proveedores con derecho de cobro. El ICO funcionará como agente de pagos y, por lo tanto, será el encargado de ordenar el pago a los proveedores.
– ¿Cómo cobrarán los proveedores las facturas de las administraciones?
No la recibirán directamente de los municipios, sino de las entidades financieras que participen en la macrooperación. Los proveedores recibirán el pago de las deudas pendientes de cobro en la cuenta corriente que indiquen en la documentación que se les exija.
Los beneficiarios tendrán que figurar en el listado que elaborará el Ministerio de Hacienda y, finalmente, los proveedores cobrarán directamente de las entidades de crédito adheridas. El Gobierno calcula que el 90% de los bancos y de las cajas participarán en la macroperación.
BBVA, Santander, La Caixa y Bankia participarán en el crédito con unos 3.500 millones de euros cada uno, mientras que Popular y Banco Sabadell-CAM colaborarán con unos 2.500 millones de euros cada uno.
– ¿Habrá quitas de las facturas de los proveedores?
Los decretos que se han puesto en marcha hasta la fecha dejan abierta esta posibilidad de manera voluntaria. Sin embargo, el ministro de Hacienda, después de las dudas generadas por este epígrafe de la norma, anunció que no se priorizará a los que asuman un descuento en la deuda. Es decir, que los únicos que tendrán prioridad para cobrar realmente son los que acumulan las facturas más antiguas.
– ¿Cuáles son las renuncias que asumen los proveedores para cobrar las facturas?
Los acreedores de las administraciones públicas sólo cobrarán la factura inicial. Tendrán que renunciar a recibir los intereses de demora, que en algunos casos supera, después de años de morosidad, el principal de la deuda. De hecho, se baraja que tendrán que firmar una declaración jurada si cobran gracias al plan de proveedores renunciando a los intereses.
De hecho, algunos proveedores (sobre todo las empresas que han comprado deudas de las administraciones para hacer negocio) les puede llegar a compensar no acogerse al plan, sobre todo si no les interesa ganar liquidez cuanto antes, sino cobrar el máximo posible de las administraciones. Asociaciones como Confemetal han denunciado que el pago de las deudas obliga a renunciar a las costas judiciales y a los demás gastos accesorios.
– ¿Quién pagará los intereses que cobrarán los bancos por ayudar a las administraciones a pagar sus deudas?
En último término, los contribuyentes de los municipios que se vean afectados. Aunque en un primer momento se barajaba que fueran los propios contratistas los que asumieran los costes de gestión, las quejas de las diversas asociaciones hicieron que el Ejecutivo se replanteara esta decisión.
Finalmente serán los ayuntamientos los que pagarán los costes de gestión de las entidades financieras (en el entorno del 5%), lo que se traducirá irremediablemente en más recortes y en más subidas de impuestos en los consistorios más incumplidores.
– ¿Cuánto tiempo estará en vigor el plan de proveedores?
El plan sólo estará en vigor a lo largo de 2012.
– ¿Qué pasará con los subcontratistas?
El plan no les garantiza que vayan a cobrar las facturas que les deben los proveedores de las administraciones públicas. Tendrán que seguir recurriendo a los tribunales para reclamar las deudas.
Vía: Expansión
Muy buen aporte. Tratar con clientes morosos no es una tarea sencilla aunque lo parezca. Emplear diferentes técnicas será fundamental a fin de no ofender a los clientes y al mismo tiempo lograr que estos salden sus deudas.