La actual situación de crisis económica junto a las duras restricciones de acceso al crédito ha abocado a la administración pública a una difícil situación financiera, provocando el impago y los retrasos en las facturas y las obligaciones que Ayuntamientos y otras Entidades Locales y Regionales han adquirido con sus proveedores, en su gran mayoría autónomos y pequeñas y medianas empresas de la zona. Si unimos a estos impagos, la dificilísima situación provocada por el cierre del grifo financiero, encontraremos con que un gran número de estos autónomos y pymes se han visto obligados a cerrar y a abandonar la actividad profesional, quedando en condiciones realmente precarias.
Para intentar paliar en esta situación el pasado 24 de febrero ha sido aprobado el
Real Decreto-Ley 4/2012 que contempla
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