Una sentencia del Tribunal Económico-Administrativo de Cataluña da la razón a un empresario y anula una sanción impuesta por Hacienda fundamentando su decisión en que, al no existir intención de fraude por parte del sujeto pasivo la Administración no puede sancionarle.
En aplicación de esta sentencia, un error en una declaración tributaria o una interpretación incorrecta de un criterio administrativo, siempre que se haga de manera razonable, no puede acarrear una sanción económica si el contribuyente actuó de buena fe.