El sábado 16 de marzo fue un día a tener en cuenta por parte de pymes y autónomos. Las causas: La publicación en el BOE de la última reforma del sistema de pensiones y la entrada en vigor de la directiva europea que pretende acabar con la morosidad en los pagos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la Unión Europea
Veamos algunas consecuencias del primer caso, a tener en cuenta.
Según la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), la reforma de las pensiones afectará “gravemente a los autónomos” porque, calcula esta asociación, entre 30.000 y 40.000 no podrán acogerse, cada año, a la jubilación anticipada al endurecerse las condiciones al aumentar la edad mínima para poderse jubilar anticipadamente a 65 años, así como los años cotizados que pasan de 30 a 35. Dos circunstancias que, según esta asociación, cierran el camino a quienes, en plena crisis y al borde del cierre, quieran acogerse a la jubilación antes de tiempo.
Otra de las organizaciones que representan a los autónomos, UPTA, considera que se «hace más difícil» el acceso a la pensión en condiciones dignas para la mayoría de los trabajadores autónomos que, dicen, «habían conseguido este objetivo hace escasamente un año, al aumentar el periodo mínimo exigible de cotización a 35 años y encarecer los coeficientes reductores”, subraya el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Sebastián Reyna.
Sin embargo, UPTA valora que, al menos, se haya mantenido la opción de la jubilación voluntaria para los autónomos con dos años de antelación a la edad legal, un objetivo perseguido desde hace más de diez años, y también que esta se mantenga en los mismos términos que para los trabajadores del Régimen General.
UPTA sin embargo propondrá al Gobierno que los coeficientes reductores se adapten a las condiciones de cada una de las actividades económicas según su grado de siniestralidad, “y en particular para los sectores de trabajadores autónomos del transporte y de la construcción”, explica Reyna.
Eso sí, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a que los autónomos que cumplan las condiciones puedan acceder a la jubilación anticipada desde este mes de abril.
Muchos autónomos, sin embargo, deciden trabajar más allá de los 65 años –hasta 70.000 según los últimos datos manejados por ATA– y la media para retirarse entre este colectivo se sitúa en los 65,4 años frente a la media entre los asalariados que es de 63, 4 años.
Este será el motivo por el que, seguramente, muchos se acogerán a otra de las medidas recién aprobadas por el Consejo de Ministro: Una vez que se haya cumplido la edad legal de jubilación, se podrá compaginar el cobro del 50% de la prestación con una actividad por cuenta propia, con cotizaciones a la Seguridad Social del 8%. Unos 35.000 autónomos, según ATA, lo solicitarán.
Medidas contra la morosidad
También el sábado entró en vigor la directiva europea que pretende acabar con la morosidad en los pagos a las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Por primera vez se armonizan los plazos de pago de las Administraciones Públicas. Tendrán que pagar sus facturas en 30 días naturales desde la recepción de la factura y si ese plazo no se cumpliese el acreedor tendrá derecho a cobrar intereses de demora correspondientes a ECB+ 8% además de 40 euros de costes de cobro.
Serán nulas las cláusulas que excluyan el pago de intereses de demora o que aumenten los plazos de cobro y generarán un derecho a daños y perjuicios.
«Era absolutamente necesario que se estableciese un régimen sancionador y se inhabilitasen las cláusulas que excluían el pago de intereses o ampliaban los periodos establecidos legalmente. De nada sirve la norma si se permite su incumplimiento, y al que la incumple, no se le aplica una penalización ejemplarizante», señalaba Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Desde al ámbito de los autónomos, las organizaciones esperan que el ministro Cristóbal Montoro cumpla su promesa de que, ante dificultades de cobro, el autónomo pueda acudir directamente a Hacienda para que le paguen la factura y que después, sea el Estado el que se la descuente a la Administración Pública en cuestión.
ATA considera también como “imprescindible” que el Gobierno permita al autónomo compensar las deudas que tenga con Hacienda o con la Seguridad Social con las facturas impagadas que a su vez mantenga una administración con él. O bien, que pueda obtener un aplazamiento automático en sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social.