La factura electrónica y sus diferentes aplicaciones ha sido protagonista de las noticias en los últimos días tras conocerse que el Gobierno quiere que este sistema sea obligatorio para algunos proveedores del sector público a partir de 2015.
Así se recoge en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) y que es una de las medidas que incluirá el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable, con el objetivo de «implantar las tecnologías de la información y las comunicaciones» para incrementar «la productividad y la competitividad de la economía española”.
En la práctica la idea es impulsar el uso de la factura electrónica tanto en el sector público como en el privado. En el primer caso sería obligatoria a partir del 15 de enero de 2015 para «determinados sujetos obligados a tributación electrónica de acuerdo con la normativa tributaria», aunque las Administraciones Públicas podrán excluir de esta obligación a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.
En el sector privado, la factura electrónica será obligatoria «en las empresas prestadoras de servicios de especial trascendencia económica». En todos los casos, se facilitará «el uso de instrumentos como el sello electrónico junto a la firma electrónica avanzada» para implantar este modo de facturación.
Además, los proveedores estarán obligados a presentar en un registro administrativo las facturas expedidas a cualquier Administración Pública. Todas las administraciones contarán con un punto general de entrada de facturas electrónicas para que los proveedores puedan presentarlas y se tramiten electrónicamente.
El informe elaborado por la CORA defiende que con estas medidas «se refuerza la protección del proveedor» en caso de retrasos en el pago, porque evita «facturas en los cajones» y agiliza el procedimiento de pago.
Sin créditos públicos si no se está al corriente de pago
La obligatoriedad de la factura electrónica a partir de 2015 no es la única medida relacionada con las nuevas tecnologías.
El Gobierno creará un mecanismo informático para evitar la concesión de créditos públicos a quienes no estén al corriente de pago con sus obligaciones con cualquier Administración Pública, según consta en el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).
En este caso, y para mejorar los mecanismos de recaudación de ingresos tributarios y no tributarios, se crearía un «punto neutro» en el que se cruzarían los pagos de las Administraciones Públicas y las actuaciones ejecutivas contra quienes fueran acreedores de dichos pagos y simultáneamente deudores.
La Agencia Tributaria asumiría las tareas de puesta en marcha de plataforma informática en la que tendrían lugar los intercambios de información de los que podrían derivar actuaciones de embargo.
Europa también mete prisa con la factura electrónica
Además, la Comisión Europea ha propuesto una norma cuyo objetivo es facilitar la facturación electrónica en la contratación pública mejorando la «interoperatividad» entre los diferentes sistemas nacionales. Bruselas considera que el uso de la facturación electrónica en la contratación pública en toda la UE podría generar un ahorro de hasta 2.300 millones de euros.
«Abandonar el papel y pasar a una facturación totalmente automatizada puede reducir los costes de recibir una factura de entre 50 y 30 euros a 1 euro. Se trata de un ahorro apreciable y útil en la actual coyuntura económica», ha dicho el comisario de Servicios Financieros.
¿Deseo o realidad factible?
Frente a estas exigencias e intenciones, la realidad es mucho más compleja para las pequeñas empresas y profesionales tal y como nos comentaba Rubén en uno de los grupos de LinkedIn en los que Contasimple participa habitualmente, ‘Autónomos, emprendedores y pequeñas empresas’.
Este usuario asegura que “muchas de las aplicaciones informáticas no admiten aún la factura electrónica. El cloud computing es caro porque se paga por espacio consumido”, aseguraba al referirse a “una guerra que cada uno hace por su cuenta, sin un criterio común o camino a seguir por todos. La Administración hace amagos de querer implantar la Administración electrónica, pero parece que solo lo hace para recaudar (sancionar) y ahorrar costes, que se trasladan al usuario”.
Su conclusión es que “la administración nos lo mete con calzador (de modo imperativo) disparando al aire en muchas direcciones. Actualmente, lo veo porque lo sufrimos como un verdadero caos”.
Estamos totalmente de acuerdo con Rubén, en muchas ocasiones, organismos como la AEAT se limitan a pensar en la aplicación de la tecnología como sistema de controlar y reducir sus costes en lugar de hacerlo también en beneficio de los usuarios, por ejemplo, a la hora de simplificar procesos.
Es ahí precisamente donde Contasimple intenta llenar el vacío y ayudar tanto a autónomos como a pymes a reducir costes y simplificar gestión de su contabilidad, facturación o impuestos, precisamente, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías de la información.
Queda mucho camino por recorrer. Y vosotros… ¿pensáis que la factura electrónica terminará siendo útil a pymes y autónomos?
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Fuente: Europapress/Portaltic